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Los abogados de Assange temen una acusación de EE UU por espionaje

Una polémica ley de 1917 castiga a quienes roban o difunden documentos clasificados, aunque en los 70 el Gobierno intentó usarla contra la prensa por los ‘papeles del Pentágono’ y el Supremo falló a favor de los medios.

Estados Unidos prosigue su cerco a Julian Assange. Tanto es así que la Administración norteamericana está preparada para aplicar la Ley de Espionaje de 1917 contra el fundador de Wikileaks, según han dicho los abogados de Assange, algo que no sucedía por la filtración de documentos clasificados a un medio de comunicación desde la publicación de los papeles del Pentágono por parte del diario The New York Times en la década de los setenta.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, es llevado ante la justicia británica

“Aquí, en EE UU, esperamos que la investigación que estamos llevando a cabo nos permita exigir responsabilidades a la gente que haya diseminado información de forma ilícita”, dijo en rueda de prensa sin concretar nada más el fiscal general, Eric Holder, tras reunirse ayer a última hora en Washington con representantes de la Unión Europea, a los que también habló de los posibles cargos que su departamento presentará contra Assange, ciudadano australiano pero radicado en Europa, que espera su extradición de Reino Unido a Suecia por dos acusaciones de abuso sexual. Con los representantes de la UE, Holder debatió a puerta cerrada la aplicación de la legislación internacional sobre Assange y el uso de la Ley de Espionaje sobre ciudadanos extranjeros.

Jennifer Robinson, abogada del equipo de letrados de Assange, declaró ayer a diversos medios estadounidenses que “cualquier persecución bajo la Ley de Espionaje sería inconstitucional y pone en riesgo a todos los medios de comunicación estadounidenses”. “Nuestra posición es por supuesto que no creemos que sea aplicable al señor Assange quien además como editor está protegido por la Primera Enmienda”, ha declarado la abogada en referencia a la primera enmienda de la constitución de EE UU que defiende la libertad de prensa.

El Departamento de Justicia ha declinado hoy hacer comentarios sobre eventuales cargos, pero la Ley de Espionaje y los papeles del Pentágono resuenan en los medios. No porque éstos últimos sean comparables a las revelaciones de Wikileaks -que no lo son- sino por la posible aplicación de la Ley de Espionaje sobre una filtración periodística.

En 1971, Daniel Ellsberg y Anthony Russo -ya fallecido-, funcionarios de la Administración Johnson que trabajaban para el think tank o laboratorio de ideas Rand Corporation a sueldo del Departamento de Defensa, entregaban al periódico The New York Times más de siete mil páginas de la agenda oculta de diferentes Administraciones norteamericanas sobre el conflicto de Indochina que dejaban al desnudo las mentiras de cinco presidentes sobre la guerra de Vietnam.

Richard Nixon amenazó al diario neoyorquino con aplicarle también la Ley de Espionaje si no se abstenía de publicar la información revelada en aquellos documentos. El Times se negó, por lo que el entonces fiscal general John Mitchell logró una orden judicial que obligó al diario a no publicar nada más tras los primeros tres reportajes. Pero los editores del rotativo apelaron y el caso llegó al Tribunal Supremo. A la demanda se unió pronto el diario The Washington Post, que también comenzó a publicar documentos y que también pronto se enfrentó a las presiones del Gobierno de Nixon para dejar de hacerlo. El Supremo falló mayoritariamente (seis votos contra tres) a favor de los medios de comunicación: “Sólo una prensa libre y sin restricciones puede revelar honestamente los engaños del Gobierno”.

Sin embargo, ni en el Supremo ni en el caso de Ellsberg y Ruso -cuyo juicio fue finalmente anulado por errores de procedimiento-, los jueces decidieron sobre la vigencia de la Ley de Espionaje de 1917 sobre un caso semejante. La polémica ley -c-nsiderada por algunos como un instrumento creado por Woodrow Wilson para silenciar a quienes opinaban que EEUU no debía de entrar en la Primera Guerra Mundial- sigue vigente y condena con penas de cárcel el robo de información clasificada y crítica para la seguridad nacional. Se aplicó por última vez en enero de 2006 contra el analista del Pentágono Lawrence A. Franklin, quien robó información secreta para entregársela a un lobby israelí. Cumple una condena de 12 años de cárcel.

La ley de 1917 no sólo castiga a quien robó la información (en este caso, según Washington, el soldado raso Bradley Manning, acusado de haber robado información de las redes secretas de Defensa) sino también a aquel que la recibe y la disemina. En este caso, Assange.

 

Fuente: www.elpais.com
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