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Las disputas entre diferentes modelos societarios agudiza la conflictividad en Paraguay.

Las esperanzas en Lugo se ven frustradas por una oligarquía que se opone férreamente a los cambios.

La elección del ex-obispo Lugo como presidente en abril 2008 – una figura nueva e independiente – expresa el anhelo de la población paraguaya de cambiar radicalmente las forma tradicionales de lo político y la implementación de políticas sociales y económicas incluyentes. Sin embargo, luego de dos años, esas esperanzas se ven frustradas por una oligarquía poderosa y un parlamento, compuesto mayoritariamente por la oligarquía y sojeros, que realizan oposición férrea al proceso actual con el objetivo de que el nuevo gobierno fracase y, sobre todo, para no ceder sus privilegios disfrutados durante décadas.

El Parlamento ha bloqueado cualquier iniciativa democrática, ha recortado los presupuestos para políticas públicas y paraliza, con ello, las posibilidades de iniciar moderados cambios. La policía y la justicia, a la par, han dado claros ejemplos de ser instrumentos de una oligarquía mafiosa que trata de obstaculizar el fortalecimiento de los sectores organizados. A eso se suma las constantes conspiraciones y amenazas de un juicio político al presidente con el único objetivo de truncar el proceso de democratización.

Los dos años de gobierno también han manifestado las falencias del gobierno, la ausencia de un claro programa político y la actitud vacilante de un Presidente que cede fácilmente ante la presión de la derecha. El entorno político inmediato del presidente ha mostrado su desinterés en articular acciones y políticas con los sectores populares ya que apuesta a que los cambios se realicen desde el aparato estatal.

Por otro lado, la política económica del Ministro de Hacienda Dionisio Borda, defensor del las políticas neoliberales, realiza recortes en las políticas públicas, tan necesarias en uno de los países más pobres de América Latina. En lo político, se ha acentuado la criminalización de las luchas sociales ante la supuesta amenaza de la estabilidad de parte de una guerrilla, que se ha convertido en el perfecto pretexto para implementar una suerte de Plan Colombia en Paraguay.

La Comisión de Derechos Humanos (CODEHUPY), conformada por organizaciones no gubernamentales y sindicatos, ha denunciado en varias ocasiones, ante la opinión pública y recientemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, detenciones y torturas a campesinos en el marco de las operaciones policiales y militares en torno a la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También alertó sobre las denuncias de los familiares de los abatidos líderes del EPP de que la muerte de los mismos podría haberse producido en tortura y no en combate como expuso el gobierno.

Una muestra de las contradicciones del Gobierno se manifestaron claramente alrededor del festejo de la victoria del 20 de abril 2009 donde, tras una gran concentración en Asunción con la cual la población dio un gran respaldo político al gobierno Lugo, ése declara unos días después el estado de excepción y entrega, poco después, el proyecto de ley antiterrorista al Parlamento que fue inmediatamente aprobado.

Ese escenario complejo coloca a los movimientos sociales y las fuerzas progresistas ante nuevos desafíos: por un lado defender sus objetivos (la profundización de la democracia, la Reforma Agraria Integral y la soberanía) y mantener su autonomía y capacidad crítica así como superar el actual estado de desmovilización, ante un Gobierno en proceso de derechización. Por otro lado, aprovechar aun las puertas abiertas y no romper con el Presidente el dialogo, en un difícil equilibrio.

El presidente ha asumido algunas propuestas de las organizaciones sociales que fueron paralizados por el Parlamento y los respectivos organismos estatales lo que demuestra que esos siguen siendo territorios del capital. La implementación de la Coordinadora Ejecutiva de la Reforma Agraria (CEPRA),1 decretado por el presidente luego de una masiva manifestación campesina en Asunción (diciembre 2008), fracasó porque los ministerios se negaron a atacar la decisión del presidente. La propuesta de ley de Soberanía Alimentaria, presentado inclusive por el mandatario en la Conferencia de Roma, fue vaciado de contenido por el Ministerio de Agricultura. Con el decreto de la ley de agro tóxicos el Ejecutivo fue acusado gobernar al país por medio de decretos.

La conflictividad entre diferentes modelos societarios- representados por un bloque multisectorial (ambientalistas, campesinado, pueblos indígenas, organizaciones privadas) y el agronegocio- encuentra actualmente su mayor trascendencia en la disputa entre diferentes ministerios. Mientras que la Secretaria de Sanidad Vegetal (SENAVE), encabezada por un ministro ambientalista, implementa controles a agro tóxicos y destruye parcelas de maíz transgénico, prohibidos en el país, el Ministro de Agricultura (MAG) emitió – como respuesta – una resolución que permite la plantación de maíz transgénico.

La demanda principal del campesinado, y promesa electoral del ex obispo Lugo, de iniciar una reforma agraria para los alrededor de 300.000 campesinos sin tierra (son casi un millón de personas de una población total de 6,3, millones), no muestra ningún progreso. Tampoco prospero la recuperación de tierras malhabidas (grilhadas en Brasil), que ocupan casi un 20 % del territorio nacional.

En Paraguay- que figura entre países con un muy alto nivel de agroexportación y, a la par, con una importante tasa de subnutrición- se privilegian las exportaciones sobre las necesidades internas. A eso se suma que seis multinacionales controlan el 60% de las exportaciones, sin pagar impuesto sobre la soja.2 O, en otras palabras, el campesinado está siendo desterritorializado por el agronegocio, en pleno proceso de concentración de tierra como lo confirma el Censo Agropecuario del año 2008. Estas contradicciones generan protesta y intenciones de reterritorializacion del campesinado.

Antes de la asunción del nuevo gobierno, las organizaciones campesinas iniciaron masivas ocupaciones de tierra y campamentos en todo el país como medida de presión, superando inclusive el nivel de los años 89 y 90 (luego de la caída de la dictadura). Sin embargo, la mayoría de las ocupaciones y campamentos fueron violentamente desalojados en poco tiempo y dejo como saldo cientos de dirigentes imputados.

La reforma agraria está más lejos que nunca” caracteriza un dirigente campesino el escenario actual lo que pone al campesinado ante el reto de profundizar el proceso de unidad y acumulación de fuerzas, superando las divisiones internas y ampliando sus bases, como única vía para desafiar el poder de la oligarquía y de las multinacionales. En el actual escenario, la principal vía para la recreación y territorializacion del campesinado consiste en masivas ocupaciones de tierra y la presión ejercida desde las calles, disputando desde los espacios públicos los múltiples territorios que sustentan el poder.

*Antropóloga residente en Paraguay y doctorando en “Estudios Sociales Agrarios”  en la Universidad Nacional de Córdoba/ Argentina

1 La finalidad consistía en coordinar, entre 24 instituciones públicas, la asistencia integral a asentamientos campesinos, algo inédito en Paraguay.

2 Las 93,4% de las exportaciones del 2008 estaba constituido por materias primas y materias primas procesadas. Las seis empresas son: ADM, BUNGE, Cargil, Dreyfus, Noble, Contipar Agua.

Por: Regina Kretschmer
Categorías:ANALISIS Y OPINIÓN
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